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La democracia formal no es condición de justicia e igualdad

Jorge Dolores Bautista*

Número 3, año1, enero-abril de 2015

Planteamiento

 

A raíz de los trágicos acontecimientos del 26 de septiembre del año pasado, cuando estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa fueron atacados por policías armados de diferentes corporaciones, dejando como saldo seis personas muertas y 43 estudiantes desaparecidos, mucho se ha hablado sobre si el cambio en las características del sistema político han transformado la forma de actuar del Estado mexicano ante movimientos o actores sociales disidentes, asunto al que me aproximaré en las siguientes líneas.

 

El Estado mexicano desde su creación ha confrontado en diversos momentos disidencias que amenazaron su viabilidad política y territorial. Esta condición se ha mantenido más allá de los momentos que han implicado su refundación, tal como pasó después de la Guerra de Reforma y la Revolución de 1910. Llama la atención que en esos momentos quienes han sido objeto de la represión continua y sistemática han sido principalmente las comunidades indígenas y campesinas, los trabajadores organizados y los estudiantes.

 

Con suma frecuencia suele pensarse, al menos esa idea es la que desde el poder se ha difundido, que conforme pasa el tiempo la modernidad implica un mejoramiento en las relaciones entre gobernantes y gobernados. Sin embargo lo cierto es que lo que se ha mantenido son las características de trato preferencial de acuerdo al estrato socioeconómico donde los ciudadanos realizan su vida. 

 

Si tomamos como punto de partida que el Estado actual tiene su origen en la Constitución de 1917, han transcurrido casi cien años desde que la estructura sociopolítica que enmarca a México ha manifestado diversos cambios. Para empezar no hay que olvidar que la conformación del Estado se dio en el marco de una revuelta armada que convulsionó al país, donde diferentes grupos políticos con la fuerza de las armas intentaron consumar un proyecto de nación.

 

La facción que logró salir victoriosa de la revolución fue la más proclive a la conformación de un capitalismo nacional que se desarrollaría a través del modelo de sustitución de importaciones que, además, fue acompañado en distintos períodos de gobierno por un mecanismo de concesiones sociales y sistemáticamente por la represión a los movimientos disidentes.

 

La característica común de esos regímenes fue la de un autoritarismo encabezado por la figura del Presidente que de manera sucesiva se reproducía de acuerdo a la escala de mando que conformaba el aparato de gobierno. Ese autoritarismo fue el que permitió que movimientos sociales como el de los médicos en 1950 o la lucha estudiantil de 1968 fueran reprimidos.

 

Este modo de acción del Estado ante la disidencia merece la pena ser analizada en el marco de una recurrente debilidad de la sociedad ante dichas acciones, sobre todo cuando en la actualidad diferentes sectores sociales son objeto del perjuicio de la situación que guarda la economía y la seguridad.

 

Para ello es necesario acercarse a algunas características que pueden establecer algunos parámetros que ayuden a diferenciar la forma de actuar del Estado ante aquellos movimientos o sectores sociales que no son afines al gobierno que lo encabezan.

 

Dado lo trascendente que fue el ataque por parte del gobierno a los grupos estudiantiles, sobre todo a los que se forman en el sistema de educación pública, tomaré como puntos de referencia lo sucedido en 1968 y el actual contexto generado en el ataque sistemático a los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.

 

La disidencia al autoritarismo y la crítica al milagro mexicano

 

En 1968 México vivía el esplendor del llamado milagro mexicano, un período donde el crecimiento económico había permitido la expansión de las clases medias, así como el irreversible cambio del México rural a uno urbano. Los notables avances en campos como la medicina, la ingeniería y las humanidades se manifestaban en el conjunto de renombrados intelectuales y profesionistas que, tanto en el país como en el extranjero, daban de qué hablar en referencia a lo que acontecía en un país que con ansias pretendía modernizarse.

 

Sin embargo no podría decirse que a pesar de ese aparente bienestar existieran las condiciones para calificar al país como democrático. Algunos de los aspectos que podrían ejemplificar esto podrían encontrarse en la inexistencia de un sistema de partidos políticos que alternara el poder, así como la falta de un órgano de carácter independiente que pudiera arbitrar y fiscalizar las elecciones, donde la mayoría de las veces el partido de Estado salía favorecido, ya sea por la falta de una oferta política o por los efectos de las relaciones clientelares, o por la intimidación, sobre todo a los sectores populares.

 

Sin embargo no sólo fue la ausencia de un aparato de instituciones que organizara la administración del reparto de los espacios de poder a través de las elecciones lo que marcó la relación entre gobierno y gobernados, sino un problema aún más grave era lo que caracterizaba esa relación, es decir, la ausencia de los canales y espacios que permitieran la existencia de una sociedad civil que en el marco de sus legítimos derechos pudiera establecer un efectivo contrapeso a las decisiones gubernamentales.

 

En ese contexto mucho se ha hablado sobre los orígenes que hicieron posible el movimiento que puso en huelga a la UNAM y el IPN meses previos a la celebración de los Juegos Olímpicos. Se ha hablado sobre la conjura internacional, la disidencia interna, así como de las contradicciones de un progreso sostenido sobre la base de la pobreza de las poblaciones populares.

 

Es probable que haya un poco de todo ello, pero lo más notable de esa lucha fue la puntillosa crítica de los estudiantes de las principales instituciones educativas públicas a los regímenes autoritarios que no permitían la posibilidad de establecer una relación más asequible entre ciudadanía y gobierno, es decir, la falta de democracia.

 

En esos meses las instalaciones educativas, reductos de libertad legitimados como en el caso de la UNAM por la autonomía universitaria, fueron tomadas por los estudiantes como una forma de manifestación política y de lucha que pocos meses después culminaría con el artero asesinato de cientos de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco.

 

Poco tiempo después los Juegos Olímpicos se llevarían a cabo en medio de la atención internacional y cuando Díaz Ordaz ya no era presidente, en su cómodo refugio de la embajada mexicana en España, manifestó que si de algo estaba orgulloso en su gobierno era de su actuación en tan lamentables hechos. Poco después su sucesor, Luis Echeverría encabezaría el derrumbe de ese milagro económico que hasta la fecha se mantiene como condición de las recurrentes crisis económicas que ha vivido el país.

 

El autoritarismo dentro de la globalización y el sistema democrático formal

 

Casi medio siglo después de esos acontecimientos el país vive situaciones diferentes. Para comenzar, la economía se ha diversificado y el sector industrial juega un destacado papel, sobre todo en la producción automotriz. Según el Consejo Nacional de Población (Conapo), la población en el año 2015 supera los 120 millones de habitantes y el crecimiento de las ciudades es exponencial al abandono del campo.

 

Así mismo las condiciones económicas han cambiado, por ejemplo, con el salario mínimo de aquellos años en relación al tiempo actual, no se compra ni la cuarta parte de lo que aquellos dineros podían comprar. Los problemas de contaminación se han agudizado y en general la desigualdad es tan o más profunda que la existente previo a la Revolución Mexicana.

 

Esto es contradictorio con la diversificación económica, pero sobre todo con la ampliación de la oferta educativa, más cuando se ha optado por los modelos técnicos por encima de la formación social y humanística, pero además de ello existen otros rasgos que es necesario tomar en cuenta para nuestro propósito.

 

Hoy en día y luego de distintos procesos de lucha, la oferta de partidos políticos es una realidad que por lo menos exhibe a tres grandes partidos: PRI, PAN y PRD. Pero además es notable que a diferencia del período del milagro mexicano, hoy en día existan instituciones como el INE y el Tribunal Electoral, que en su calidad de autónomas pueden dar legitimidad democrática a los procesos electorales.

 

En ese contexto la modernización política tuvo como fruto la democratización formal de la política mexicana, teniendo como signo máximo de ello la alternancia política cuando en el 2000, el Partido Acción Nacional logró ganar las elecciones presidenciales, acabando con más de 70 años de gobiernos priistas.

 

Luego de ello instituciones como el IFAI y la SFP, así como los organismos electorales estatales hicieron su aparición, dando la impresión de que la democratización de la vida política, además de ser una tendencia irreversible, permitiría un mejor acceso a los cargos de representación y en consecuencia un mejor ejercicio de gobierno.

 

Pero además luchas como la de 1988 en contra del fraude electoral, la del EZLN en 1994 y la huelga estudiantil de la UNAM en 1999, crearon espacios donde la sociedad civil pudo manifestarse de manera organizada, ganando espacios donde su voz pudiera oírse y generando profundas críticas a los gobiernos en turno.

 

De manera significativa el arribo al poder del principal partido de izquierda al gobierno de la capital de la república, ciudad más grande del país, pareció haber dado la pauta para la llegada de gobiernos comprometidos con las causas populares, no sólo en la Ciudad de México, sino en otras latitudes del país. Sin embargo las cosas no marcharon en esa vía.

 

En el contexto de la globalización neoliberal, la continuidad del PAN dio un segundo período de gobierno luego de unas controvertidas elecciones. El arribo del derechista Felipe Calderón al poder significó la declaratoria de una guerra a las organizaciones criminales del país ante la expansión de los cárteles del narcotráfico. Como saldo de esa guerra más de cien mil personas han muerto y según Human Watch Rigths en su informe “Los Desaparecidos en México. El persistente costo de una crisis ignorada”,  más de 20 mil personas están en calidad de desaparecidas en tan sólo el lapso de una década (2006-2015).

 

Los traspiés de la administración de segundo mandato panista derivaron en que no refrendara su triunfo y que nuevamente en unas elecciones controvertidas, el PRI retomará el gobierno federal, dejando en segundo lugar al principal candidato de izquierda, Andrés Manuel López Obrador. 

 

El actual presidente Enrique Peña Nieto, un político gris pero con vínculos con los principales grupos de poder nacional, en específico con la televisora Televisa, marcó el regreso del PRI que, luego de doce años de ausencia, regresó sin haber dejado atrás las marcas del autoritarismo del pasado.

 

De acuerdo a ello en el contexto de una fase de la globalización neoliberal caracterizada por la disminución de las libertades civiles, en el caso de México se dieron reformas que como la educativa, las telecomunicaciones y la energética, han abierto la posibilidad de fortalecer los márgenes de beneficio de las élites, así como la continua subordinación de las clases populares y trabajadoras.

 

En ese marco numerosas oposiciones al gobierno se han manifestado, entre las que destacan las que encabezan comunidades campesinas e indígenas en contra de la realización de megaproyectos como parques eólicos, mineros, hidráulicos y energéticos. Otro punto de disidencia es el que encabezan sectores gremiales como el de los maestros en contra de una reforma educativa, cuya característica denuncian es la de ser una reforma laboral.

 

Así mismo, sectores estudiantiles que como en el caso de los estudiantes del sistema de escuelas normales rurales han de manera continua manifestado su oposición al gobierno, así como el descontento de los estudiantes del IPN ante una reforma a su reglamento educativo, derivó en una huelga estudiantil de casi tres meses.

 

Es precisamente en este marco que el asesinato y desaparición de estudiantes se vinculó, no sólo a un ataque sistemático al sector, sino también a la situación de impunidad que el país vive en medio de la limitación de las libertades civiles, la delincuencia y la terrible corrupción que se traduce en una extensa desigualdad que no parece tener forma de acabar con ella.

 

El reto de forjar una democracia efectiva

 

Como hace medio siglo, la ciudadanía puede constatar que la impunidad y el autoritarismo, componentes de la cultura política nacional, gozan de buena salud. En especial llama la atención que el conjunto de instrumentos para establecer una buena salud política estén desligados de la realidad sociopolítica que vive el país y que hoy en día sean objetos de un conjunto de contrarreformas que podrían plantear una regresión que ni siquiera permitiría el atisbo de una investigación de quienes al encabezar el Estado, actúan a favor de los vínculos que tienen, tanto nacionales como extranjeros, en perjuicio del resto de la sociedad.

 

Por eso es que la gravedad de los acontecimientos de Ayotzinapa no sólo reflejan un problema local que pareciera ser condición de pobreza, tal como lo quieren hacer ver al señalar que esos problemas pasan en Chiapas, Oaxaca o Guerrero. En realidad esto se liga a eventos como los de la guardería ABC o las masacres de migrantes en diferentes estados de la República.

 

Ante esto es fundamental reflexionar de manera crítica en torno al fracaso de diversidad de instituciones o mecanismos formales que pudieran hacer de la democracia una realidad. Casos como el de Argentina o Chile, donde la democracia permitió la posibilidad de enjuiciar a personajes clave de sus respectivas dictaduras, debieran ser tomados en cuenta para conformar la gran decisión y confrontar la situación de impunidad que diversos sectores padecen en todas las latitudes de la geografía mexicana, entre ellos los más pobres.

 

Quién hará posible eso, es el cuestionamiento fundamental que nos plantea el modo de incorporarnos a realizar esa gran decisión. En particular para la ciencia, práctica social que no está desligada ni de la política ni la ideología, tiene ante sí formidables retos para contribuir a ese cambio, no como observador, sino como partícipe del mismo.

 

 

*Estudiante del Doctorado en Ciencias Sociales en El Colegio de San Luis

 

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