Ley de manifestaciones: democracia en peligro.
Gerardo Alvarado Gutiérrez *
Número 1, Año 1, enero-junio de 2014
El día en que el Presidente de la República en curso asumió el cargo, grupos inconformes decidieron salir a expresar su descontento sobre el nuevo presidente, alegando unas elecciones sucias. Los movimientos se turnaron violentos y la policía también.
Este incidente sirvió como punto de partida para que en algunos estados de la República Mexicana comenzaran a plantearse leyes que regularan las marchas. Por un lado, será de mucha utilidad para el resto de la población saber todo sobre la marcha, desde la ruta que tomará hasta la hora en que se llevará a cabo. Es lo ideal, considero que es algo que debería estar presente; pero entre las leyes también se propone la participación activa de la policía y que ésta pueda controlar las manifestaciones, así como disolver aquellas que impidan la circulación en vialidades importantes.
En la historia de México las manifestaciones son algo común, al igual que la represión. Históricamente, las marchas han tenido el fin de quitar del poder a ciertos grupos o personas, ya en el siglo XX las marchas han servido para expresar inconformidades sociales y, en el caso de trabajadores, para exigir ciertos estándares básicos; pero en el trasfondo de las manifestaciones existe la realidad de que las personas se pueden juntar para decidir cuestiones sobre su país. Las marchas son de las demostraciones de democracia más claras que existen. Quitar el derecho o poder suprimir estas marchas cuando los gobernantes lo crean pertinente habla de que se le está quitando al mexicano una de las opciones democráticas más grandes para expresar su visión sobre algún asunto.
La ley no solamente es una regulación: si a los gobernantes no les conviene que la marcha sea realizada podrá ser suprimida bajo el amparo de la ley; siempre han existido represiones hacia las marchas y, aunque no es justificable, nunca han estado amparados ante una ley. Esto es lo grave del asunto. Al estar amparadas con la ley, cualquier violación a la libertad o de algún derecho humano (como la libertad de expresión) dejará de existir. No hay problema en que se intente regular, ya que, como se menciona arriba, esto traería algunas ventajas; pero una cosa es regular y otra cosa es pintar una ley de supresión de manifestaciones con algún discurso en pro del orden público.
Que sirva de base: sí debe haber más control en las marchas por los estragos que pudieran llegar a ocurrir — como los del primero de diciembre, parte de los cuales “amparan” este tipo de leyes—; pero también es peligroso jugar con una ley así en un país donde la gente no tiene fe en el gobierno por las muestras de corrupción que ha dado, donde la disolución de los movimientos puede llegar a ser por intereses políticos de un grupo y no en la búsqueda de paz o el bienestar de toda la nación. Es ahí donde se debe prestar más atención, porque regular las marchas con fin de suprimirlas es limitar la democracia del ciudadano únicamente a ejercer su voto y eliminar la amplia gama de actividades democráticas que existen.
* Gerardo Alvarado Gutiérrez es estudiante de la Licenciatura en Relaciones Internacionales en El Colegio de San Luis.