Los dilemas de no votar

Heéctor Ramón Alonso Vázquez*

Número 3, año1, enero-abril de 2015

 

El no acudir a emitir voto para las próximas elecciones de junio de 2015 es un tema de álgido debate que parece es recurrente cuando se trata de elecciones federales intermedias. Uno de los argumentos principales de la posición que promueve el no emitir el voto, es que esta es una forma legítima de protesta ante el desgaste de nuestro sistema político que junto con los partidos y sus políticos profesionales no rinden cuentas. Entonces, si las casillas se quedan sin suficientes electores el día de la elección, los mínimos votos que se depositen exhibirán a una clase política que no tiene suficiente cara o legitimidad para asumir sus cargos.

 

Al argumento anterior se puede sumar la indignación ante una caótica situación social y la inacción de nuestra clase política para resolverla y garantizar la justicia. Donde, las torpes y con franqueza cínicas reacciones del gobierno federal y sus políticos, ante escándalos de corrupción e impunidad y violaciones a los derechos humanos, justifican con mayor razón la posición de abstenerse de votar; pues si la clase política de México no rinde cuentas y ni se inmuta por responder a los reclamos de justicia social, entonces los políticos y sus partidos deben quedarse solos, ya que acudir a votar sólo fomenta este círculo vicioso donde: el político pide el voto, lo obtiene y con ese voto obtiene beneficios para él (como una generosa dieta legislativa y la capacidad de tomar decisiones políticas) y prerrogativas monetarias para su partido.

 

Las razones anteriores son puntos para protestar en contra de una clase política y un gobierno que no rinde cuentas. Sin embargo, el llamar a abstenerse de ejercer el derecho al voto parece una acción que, a pesar de su noble intención, no puede tener un impacto significativo que golpeé el cinismo de la clase política, sus partidos y su nula rendición de cuentas. Esto es así, primero, porque a nivel institucional no hay consecuencias legales si llegara a darse el caso de un elevado abstencionismo. Es decir, si un hipotético noventa por ciento de electores no emitiera el voto, con el resto de electores que sí votaran bastaría para que los políticos asumieran sus cargos. Por supuesto que el que se diera esta situación tendría consecuencias políticas ya que sería una gran alarma para los políticos que lleguen a sus cargos, quienes tendrían que pensar en cómo resolver el descontento social ante la clase política.

 

Sin embargo, la posición de abstenerse de votar presenta en la movilización de la acción colectiva (que es la participación o contribución de los miembros individuales de un grupo de interés a la provisión de un bien mayor (Colomer, 2009) su principal barrera. En este sentido, si consideramos que para movilizar a los miembros de un grupo para conseguir un objetivo común se requieren de incentivos, tiempo, organización y recursos, entonces los grupos que llaman a abstenerse de votar tienen un despiadado y más efectivo competidor en la tarea opuesta que pretende movilizar el voto. Estos competidores son los partidos políticos que con sus estructuras, recursos, incentivos y tiempo completo, llaman a sus militantes y simpatizantes a votar por ellos. De esta forma, y desde una posición realista, basta con que los partidos políticos grandes; PRI, PAN y PRD, movilicen sus estructuras para obtener el voto y que esto termine superando a los grupos que llaman a la abstención. Con ello, aunque un porcentaje de electores se abstengan, otro  porcentaje de personas movilizadas por los partidos logra otorgar votos suficientes a sus partidos y políticos, para que la abstención no se refleje como un problema grave ante la nueva electa clase política.

 

El anterior panorama no tiene por objeto ser pesimista. Sino precisamente ser un espacio para la reflexión sobre los dilemas que implica el no votar. Ya que si bien en la democracia donde se considera el procedimiento del voto como condición suficiente para que exista la democracia (Schumpeter: 1971), no sólo sirve para colocar a los políticos en puestos de gobierno o escaños legislativos, si no que a raíz del voto, la ciudadanía que se identifica como opositora al gobierno hace posible que en los espacios parlamentarios se formen actores de veto (actores cuyo consenso es requerido para lograr un cambio en el status quo [Tsebelis, 2002]) que limiten o por lo menos hagan difícil la toma de decisiones políticas a los partidos en el gobierno, los cuales sin oposición institucional estarían más que satisfechos. En razón de esto, si nos quedamos sin votos para la oposición, y votan los militantes y simpatizantes de partidos grandes movilizando todas sus estructuras y recursos para llegar al gobierno, entonces no habrá espacios de vetos institucionales que se opongan a sus decisiones de gobierno. Así bien, la posición de los que llaman a abstenerse del voto podría entonces decir que la verdadera oposición está en las calles y en las manifestaciones, pero nada garantiza que la mayoría de un partido de gobierno sin oposición vulnere derechos, o aplique la coerción de facto contra quien se manifiesta en las calles. En pocas palabras, si nos quedamos sin oposición política adentro de las instituciones, se descuida ese frente político y el ciudadano que se opone al gobierno o que sale a exigir cuentas queda aún más desprotegido.

 

Las líneas anteriores nos conducen a una reflexión final. Si las luchas históricas políticas desde los amplios frentes de la oposición en el país (oposición partidista y oposición civil) nos han entregado tras el paso de difíciles coyunturas el derecho efectivo de votar, este derecho no sólo se limita a que lleguen representantes políticos a los cargos, sino que a raíz del voto, se abren espacios de lucha y de liberación política dentro de las instituciones que obstaculiza la tarea de gobiernos que quisieran contar con la autoritaria hegemónica política de antaño. El contar con ello no es poco y ha costado mucho.

 

 Lo que se plantea en los párrafos anteriores refleja un problema de organización cívica y de que los ciudadanos encontremos formas creativas de movilizar e incentivar la acción colectiva, para obligar a que la clase política no se sirva de las instituciones para su beneficio. Y que, empero, si lo llega a hacer, que tenga consecuencias por ello y que tales consecuencias afecten sus carreras políticas.

 

Para cerrar, considero prudente reflexionar también sobre las líneas que escribe Enrique Peruzzotti[1] (2015) sobre la democracia argentina y que cuya meditación no se limita sólo a ese país, sino que quizá el mensaje es pertinente también para la democracia mexicana:

 

“si la democracia no desarrolla anticuerpos frente a los abusos de poder poniéndoles fin a los diversos circuitos de impunidad que colonizan su entramado institucional, lo que dificultosamente hemos logrado en estas tres décadas de vida democrática corre riesgo de perderse, en una dinámica de lento pero irreversible deterioro moral e institucional.”

 

Propongo como parte de la reflexión, que el desarrollo de esos anticuerpos contra los abusos de poder depende de ciudadanos organizados que no se aíslen de la participación política y que pasen de la indignación a la creación de consecuencias concretas contra esos abusos.   

      

Notas 

[1] http://www.lanacion.com.ar/1770874-un-golpe-a-la-impunidad

 

Bibliografía

Schumpeter, Joseph, A., ([1950] 1971) Capitalismo, socialismo y democracia. Madrid: Aguilar.

Tsebelis, George (2002) Veto Players. How Political Institutions Work. Princeton: Princeton University Press. 

Páginas web:

Peruzzotti, Enrique: http://www.lanacion.com.ar/1770874-un-golpe-a-la-impunidad , consultada el 23/02/2015.

 

*Maestro en Asunto Políticos y Políticas Públicas por El Colegio de San Luis